El 3 de junio, decenas de miles de trabajadores portugueses participaron en una huelga nacional que paralizó amplios sectores del país. A pesar de los requisitos de servicios mínimos, la participación fue masiva en sanidad, educación y administración pública. El transporte se vio gravemente afectado: se suspendieron los servicios ferroviarios y el metro de Lisboa, y numerosas líneas de autobús dejaron de funcionar.

El impacto de la huelga se extendió al transporte aéreo, con más de 500 cancelaciones de vuelos. TAP, la principal aerolínea del país suspendió alrededor de 300 vuelos y operó únicamente 79 en cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios. En la industria y el sector privado, la participación fue igualmente significativa, con centros de trabajo como Autoeuropa, Bimbo, Bosch, Cerealto y Exide registrando tasas de participación superiores al 90 por ciento.

La huelga fue convocada contra la ley Trabalho XXI, una reforma laboral promovida por el gobierno de coalición de derechas Aliança Democrática (AD) del presidente Luís Montenegro. La reforma modifica más de 100 artículos del Código Laboral. Facilita despidos, amplía el control del empresario sobre las horas de trabajo, debilita la negociación colectiva y aumenta la subcontratación. También refuerza las obligaciones de servicios mínimos durante las huelgas, con el objetivo de limitar su impacto efectivo.

La fuerte oposición de los trabajadores al ataque de la élite gobernante portuguesa contra sus derechos forma parte de un resurgimiento de la lucha de clases en todo el continente. Trabalho XXI es parte de una ofensiva social más amplia contra la clase trabajadora en toda Europa y a escala internacional, que involucra a trabajadores de países que van desde Bélgica hasta Italia.

Como documentó el World Socialist Web Site en marzo de este año, cuando The Economist coronó a Portugal como la 'economía con mejor rendimiento de 2025', elogiaba un modelo que ha convertido al país en una plataforma de bajo coste para el capital global. El crecimiento del PIB, la reducción del déficit y el aumento del 20 por ciento del índice bursátil PSI-20 se sustentan en una explotación intensificada: salarios reales estancados que quedan muy por detrás del coste de la vivienda, la energía y los alimentos; empleo precario en el turismo y los servicios; y un elevado nivel de subempleo.

El salario mínimo ha subido a solo 920 € respecto a enero, frente a los 870 € del año anterior, pero los alquileres se han duplicado o triplicado en la última década en Lisboa y Oporto. Los jóvenes se enfrentan a una tasa de desempleo del 18 por ciento y, quienes consiguen trabajo, quedan atrapados en contratos temporales, contratos de formación y empleos basados en plataformas digitales, sin perspectivas de estabilidad ni de futuro.

Detrás de este ataque a la clase trabajadora están los planes de guerra imperialista de las potencias europeas y el aumento del gasto militar en todo el continente. Portugal está aumentando su gasto militar en un 23 por ciento en 2026, uno de los mayores incrementos en décadas. Su objetivo es alcanzar el 2 por ciento del PIB requerido por la OTAN destinado al ejército por primera vez desde 1982, y destinar el 5 por ciento del PIB al ejército para 2035.

Se está obligando a los trabajadores a pagar por la guerra. Los recortes en los servicios públicos y el desmantelamiento de los derechos laborales están destinados a financiar el rearme exigido por Washington y Bruselas como parte de planes de guerra, que incluyen enfrentamientos contra Rusia, Oriente Medio, África y, finalmente, China.

La huelga del 3 de junio fue la segunda huelga nacional contra Trabalho XXI en seis meses, tras la huelga del 11 de diciembre de 2025—la primera en 12 años—que paralizó al país. Preocupada por el impacto de la huelga, la burocracia sindical pospuso nuevas acciones y buscó desmovilizar a los trabajadores. La CGTP, un sindicato vinculado al estalinista Partido Comunista Portugués (PCP), solo propuso una campaña de firma contra Trabalho XXI, mientras que la UGT, vinculada al Partido Socialista, convocó a negociaciones.

No obstante, las huelgas y las luchas obreras han continuado en los últimos meses, con conflictos en Comboios de Portugal, los sistemas de metro de Lisboa y Oporto, aerolíneas, sanidad, educación, administración pública y recogida de residuos. La creciente indignación en la clase trabajadora, combinada con el hecho de que la reforma laboral está a punto de comenzar su proceso parlamentario, obligó a la CGTP y a otros sindicatos sectoriales a convocar una nueva huelga general.

Tras varios meses de negociaciones con los sindicatos, la ministra de Trabajo declaró que 'el Gobierno, naturalmente, votará y aprobará algo similar al proyecto inicial, pero obviamente enriquecido con las aportaciones que considera útiles'.

Tras escuchar esto, el secretario general de la UGT, Mário Mourão, declaró que no sabía cuáles serían esas contribuciones, pero que “una huelga general, aún no está sobre la mesa ... viene la fase de debate parlamentario, y la UGT trabajará con los grupos parlamentarios. Primero, solicitaremos una reunión para explicar en qué punto quedó el proceso y cuáles fueron las propuestas de la UGT”.

Esto subraya la capitulación de la UGT ante el capitalismo portugués. Apelar a un parlamento en el que la derechista Aliança Democrática, con el apoyo del partido fascista Chega, cuenta con una mayoría suficiente para aprobar esta reforma es un callejón sin salida para los trabajadores. La UGT no convencerá a los fascistas de Chega para que se opongan a la reforma. La realidad es que ni siquiera la propia UGT se opone a la reforma. De hecho, La realidad es que ni la misma UGT se opone a la reforma, Mourao declaró que “UGT no exigió que el Gobierno retirara el paquete laboral. Yo nunca lo exigí”.

La situación no es diferente con la CGTP. En su “saludo” a los trabajadores tras la huelga, después de felicitarse por su éxito, el sindicato se limitó a convocar una manifestación frente a la Asamblea de la República. Además, como perspectiva para esta protesta, propuso de manera impotente llamar “a los partidos representados en la Asamblea de la República que, cuando el Paquete Laboral sea sometido a votación en primera lectura, respeten la voluntad expresada por los trabajadores en las huelgas generales y voten en contra de esta legislación”.

No hubo ni una palabra sobre nuevas movilizaciones o sobre la perspectiva política necesaria para oponerse a la austeridad y a los ataques contra los derechos de los trabajadores. Tampoco se dijo nada sobre la necesidad de coordinarse con los trabajadores de Bélgica, Italia o Grecia que están librando luchas similares, ni se formuló ninguna crítica a la participación de los sucesivos gobiernos portugueses en las guerras imperialistas de la OTAN.

La CGTP repite así el patrón habitual de las burocracias sindicales no solo en Portugal sino a nivel internacional: Una huelga de un día, declaraciones grandilocuentes, llamamientos a 'negociar' con un gobierno que no tiene nada que negociar y un regreso a la normalidad mientras continúa la austeridad. La CGTP y la UGT actúan, por medios diferentes, como una forma de policía laboral. Actúan no para organizar la lucha, sino para gestionarla, contenerla y, cuando es necesario, estrangularla.

Los estalinistas del PCP y la pseudoizquierda pablista del Bloco de Esquerda son cómplices directos. El PCP sostiene la fracasada teoría estalinista de la revolución en dos etapas. Para ellos, la solución no reside en ampliar la movilización ni en luchar por el poder obrero y el socialismo, sino, como declaran en su declaración sobre la huelga: “Existe la fuerza suficiente para imponer un camino hacia un Portugal justo, desarrollado y soberano, con el cumplimiento de la Constitución de la República y la aplicación de los derechos que consagra”.

En otras palabras, defienden las mismas estructuras estatales que la clase dominante utiliza para explotar a los trabajadores en Portugal. El PCP no lucha contra el capitalismo ni el imperialismo: aboga por la conciliación de clases dentro del marco constitucional de la democracia burguesa.

El Bloque de Esquerdas no tiene una política fundamentalmente diferente. Para su líder José Manuel Pureza, la lucha contra la propuesta del ejecutivo del PSD/CDS 'ahora tiene ahora un punto muy importante en la huelga general”, pero luego continúa, 'porque la propuesta del Gobierno ha entrado ahora en la Asamblea de la República y, por lo tanto, aún tardará meses en su tramitación en el Parlamento'.

Pureza se comprometió a trabajar por una situación en la que la reforma laboral sea 'muy plural, muy unitaria, sin ningún sectarismo, escuchando todas las voces que converjan hacia un nuevo Código de Trabajo'..

El PCP y el Bloco apelan a un parlamento controlado por la derecha y los fascistas. Tienen una gran responsabilidad en el ascenso de este gobierno. Entre 2015 y 2024 de forma directa a través de la geringonça o indirecta, como fue el caso del Bloco a partir de 2019, ambos partidos dieron cobertura 'de izquierda' a un gobierno del Partido Socialista que aplicó la austeridad de la UE, recortó servicios públicos, mantuvo salarios de miseria y envió al ejército a romper una huelga de camioneros en el año 2019.

Trabajaron para desmovilizar a los trabajadores, fomentar la ilusión de que una alternativa progresista era posible dentro del capitalismo y canalizar el descontento hacia la política parlamentaria burguesa, creando así las condiciones para el ascenso del fascista Chega.

La huelga del 3 de junio confirma tanto la combatividad de la clase trabajadora portuguesa como el papel contrarrevolucionario de las organizaciones que la mantienen atada a un marco nacional conservador.

Los trabajadores buscan participar en acciones militantes, pero se enfrentan cara a cara con la crisis de dirección revolucionaria. La CGTP, la UGT, el PCP y el BE no son instrumentos de lucha, sino obstáculos para ella.

La tarea decisiva es construir organizaciones independientes de la clase trabajadora: comités de base en lugares de trabajo y barrios que puedan vincular sus luchas con las de los trabajadores en toda Europa e internacionalmente. La batalla debe centrarse en construir un partido revolucionario que unifique estas luchas en un movimiento político consciente que no tenga como objetivo presionar al Estado capitalista, sino reemplazarlo por el poder obrero y los Estados Socialistas Unidos de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de junio de 2026)